Tomado de

www.razonpublica.org

Ahora que Ser Pilo Paga está
suspendido, ¿Cómo garantizar que los recursos vayan a la educación pública?
¿Qué hacer para seguir ampliando el acceso a la educación, en especial, de los
sectores más pobres?

Mucha plata y buenas intenciones

El programa bandera del segundo
periodo del presidente Santos, Ser Pilo Paga, pasará a la historia como un
esfuerzo costoso, que no mejoró la calidad de la formación universitaria ni
consolidó el derecho a la educación y que, contrariamente a lo que dijeron sus
creadores, no ayudó a resolver el problema de inequidad que, desde tiempo
atrás, aqueja a la educación.

El programa nació con un problema
que hacía prever su enorme riesgo de fracasar: no fue discutido con el
Congreso, ni con la academia, ni con la comunidad. Simplemente, una universidad
privada convenció a la ministra Gina Parody de su “brillante” idea. Ella, muy
interesada en impulsar su carrera política, inició, con poco tiempo de
reflexión, discusión, investigación y planeación, un programa que le costaría
al país cerca de cuatro billones de pesos y con resultados, por lo menos, muy
discutibles.

Es cierto que su pretensión fue
loable, ya que buscó garantizarle educación a superior a los bachilleres de
Sisbén 1 y 2 con excelentes resultados en las pruebas Saber 11 y con recursos
económicos insuficientes. Es cierto que hay que apoyarlos. Las preguntas son:
¿cómo hacerlo? y ¿cómo garantizar ese derecho a una población cada vez más
amplia?

La inequidad

Según mis investigaciones con
estudiantes pertenecientes al estrato 1 en Bogotá, el 96 por ciento de ellos
aspiran a seguir estudiando una carrera técnica o profesional; pero la realidad
es muy distinta. Hasta el momento, tan solo el 10 por ciento de los jóvenes de
este grupo accede a la educación superior. Una vez culminan el estudio, el 90
por ciento de ellos se dedica a trabajar o a buscar empleo. Es una situación
dramática: por carecer de apoyo estatal, se frustran los sueños de miles de
jóvenes cada año en Colombia.

La educación pública es la única
opción que tienen los jóvenes pobres de Colombia y América Latina. Sin
educación están condenados eternamente a los bajos salarios. Sin educación, su
destino queda marcado trágicamente por haber nacido en uno de los dos países
más desiguales de América Latina. Sin educación, se limitan sus derechos y su
libre y amplio ejercicio de la ciudadanía.

Foto: Función Pública

Los errores de diseño

Inicialmente el gobierno logró
disimular los riesgos de Ser Pilo Paga y el programa tuvo gran aceptación hasta
2016. Sin embargo, los problemas de diseño que advertimos algunos analistas no
pudieron esconderse por mucho más tiempo: una vez conocidos los primeros
indicadores de los efectos negativos del programa, el apoyo de la población fue
descendiendo. No fue difícil prever que Ser Pilo Paga acabaría desfinanciando
la educación pública superior y que los recursos se transferirían masivamente a
muy pocas universidades privadas.

Así lo pronosticamos algunos
académicos, pero el gobierno no quiso reconocerlo y ahora estamos viendo las
consecuencias de sus actos: el programa está desfinanciado, a pesar de que le
quitó recursos esenciales a la educación pública que la ley le había asignado
en la última reforma tributaria. Los impuestos a la renta y la parte del
aumento del IVA acabaron tapando el hueco que creaba este programa desde 2014:

– En la reforma tributaria de 2014
se acordó girar estos dineros a la educación pública universitaria.

– Para 2015, el 100 por ciento de
dichos recursos fueron girados, tal como se había establecido.

– Para 2018, y violando la ley, el
66 por ciento de estos recursos fueron trasladados al programa Ser Pilo Paga y
al fondo del ICETEX.

En la práctica, cerca del 50 por
ciento de los recursos públicos para la educación superior terminaron
transferidos a las pocas y más importantes universidades privadas, mediante el
mecanismo del subsidio a la demanda y los créditos del ICETEX. La diferencia
consiste en que las universidades públicas brindan educación a 650.000
estudiantes, pero Ser Pilo tan solo atiende a 40.000.

¿A quién le sirvió?

El programa permitía elegir
libremente las carreras y universidades, y los jóvenes acabaron eligiendo las universidades
y las carreras más costosas, que no necesariamente eran las de mejor calidad.

Adicionalmente, el Estado aceptó una
condición que muy seguramente no habrían impuesto las universidades privadas en
ningún otro país del mundo: que se pagaran las matrículas a los precios
actuales que éstas cobraban a las familias de estratos más altos.

Mientras a la Universidad del
Magdalena el Estado le paga 1,1 millones de pesos por estudiante/semestre en medicina,
hay universidades privadas a las que se les está girando, por el mismo
estudiante, hasta 26,3 millones por semestre. Esto significa, ni más ni menos,
que mediante este programa el Estado contribuyó a agravar la iniquidad social,
algo por completo absurdo en una política pública.

Podemos estar seguros de que la
mayoría de los 40.000 beneficiados del programa, muy seguramente, no retornarán
a sus regiones, salvo tal vez en diciembre a llevar sus regalos de Navidad. Lo
más probable es que permanezcan en las ciudades donde estudiaron, que prosigan
allí estudios de postgrado y consigan trabajo y familia.  Por lo tanto, el programa, tal como fue
pensado, no tendrá un efecto multiplicador en las regiones.

El programa tampoco consolidó el
derecho a la educación ya que solo benefició a 10.000 estudiantes por año.
Menos del 2 por ciento de los egresados anualmente de la educación media, que
en la actualidad son más de 540.000. Si siguiéramos una política de este tipo,
nos demoraríamos más de cinco décadas para garantizar el derecho de todos los
estudiantes a la educación superior. Es un tiempo excesivo en una democracia
que ya ha tardado mucho tiempo en extender este derecho, en especial, para los
sectores más pobres de la población.

Es importante aclarar que tampoco es
cierto que dichos recursos hayan venido aumentando en los últimos años, como
repitieron una y otra vez los medios de comunicación y el gobierno Santos, un
gobierno que había firmado sobre piedra su compromiso con el Movimiento Todos
por la Educación para destinar a la educación el 7 por ciento del PIB.
Culminamos 2018, con una cifra del 4,5 por ciento, muy parecida a la que ya
habíamos alcanzado en 1998. Ese gobierno incumplió su promesa y el de Iván
Duque le haría un enorme daño al país si disminuye los recursos para la
educación.

No hay duda, Ser Pilo fue un
excelente programa para los estudiantes y las universidades beneficiadas. La
pregunta es si también lo fue para el país. La respuesta parece clara: a falta
de una debida concepción y planeación, agravó la crisis financiera de las
universidades públicas en Colombia.

De manera irresponsable, el gobierno
Santos hizo todo lo posible por convertirlo en política de Estado, sin contar
con un solo estudio independiente que demostrara su conveniencia.

Afortunadamente, todavía es posible
detener este proceso en curso. Con el anuncio del fin de Ser Pilo Paga, tenemos
una oportunidad de oro para reestructurar por completo el modelo y convertirlo
en un programa que efectivamente fortalezca la democracia, la paz, que
beneficie a las regiones, y que asegure el derecho a la educación a una
población cada vez más amplia.

Foto: Función Pública

La educación: ¿sin el pan y sin el
queso?

En las últimas semanas se han
realizado asambleas de profesores de todas las universidades públicas y la
consigna coreada es prácticamente la misma: exigen la eliminación del programa.

La próxima semana se reunirán 2.000
líderes estudiantiles en Florencia, en el II Encuentro Nacional de Estudiantes
de la Educación, y allí corearán una consigna muy similar. En este contexto,
para el 11 de septiembre ha sido convocado en todo el país el Día de la
Dignidad universitaria. Un día previsto para defender la educación como un
derecho a nivel universitario.

Es muy importante advertir que los
recursos de Ser Pilo le pertenecen a la educación y si entendemos el papel de
ésta en el desarrollo, lo que toda la sociedad debe hacer es defenderlos. Sería
muy grave que nos quedáramos “sin el pan y sin el queso” y que los ochocientos
mil millones de pesos que anualmente cuesta el programa, ahora fueran
invertidos en otro sector.

La sociedad en su conjunto debe
exigir que no nos hagan “conejo” con los recursos educativos, como ya lo
hicieron con los recursos para la ciencia en 2017 y 2018.  En esta oportunidad invito a todos los
ciudadanos a estar pendientes de garantizar que los recursos que no se
destinarán a Ser Pilo Paga se dirijan a fortalecer la educación pública.

De estudiantes “pilos” a
“universidades pilas”

En la Comisión Sexta de la Cámara de
Representantes, presenté en 2017 una propuesta y creo que llegó el momento
ideal para adoptarla. Es más, según medios de comunicación, la ministra de
educación ha estado pensando en una propuesta muy similar: en vez de
seleccionar estudiantes “pilos” deberíamos consolidar “universidades pilas”.

El proyecto “universidades pilas”
escogería seis universidades regionales y oficiales con el fin de fortalecerlas
en los planos económico, académico y pedagógico y se financiaría con los mismos
recursos que se han destinado a Ser Pilo Paga.

Pasaríamos a beneficiar cinco veces
más estudiantes en las universidades públicas regionales:

– Estaríamos apoyando cada año cerca
de cincuenta mil estudiantes y no los diez mil que actualmente se están
beneficiando;

– Los costos de traslado y estudio
serían significativamente menores;

– El beneficio para los estudiantes
sería relativamente similar, pero los grandes beneficiados serían la paz, las
regiones y la democracia.

– Consolidaríamos las universidades
oficiales, en lugar de debilitarlas como estamos haciendo ahora con Ser Pilo
Paga.

La política pública no puede
dedicarse a beneficiar un pequeño número de estudiantes y universidades
privadas. Hay que pensar en garantizar los derechos cada vez a más estudiantes.
Para eso, lo mejor es fortalecer las universidades públicas regionales, con los
recursos y los estudiantes “pilos” y no tan “pilos”, porque una democracia
tiene que hacer todo lo posible por universalizar los derechos.

Si la ayuda depende de los méritos,
entonces no son derechos. Es cierto que tendrá que ser un proceso gradual,
porque los recursos son escasos; pero no podemos avanzar al pírrico paso de
asegurar el derecho al 2 por ciento de los estudiantes de quienes lo requieren
cada año. La historia y el desarrollo no lo perdonarían.

*Director del Instituto Alberto
Merani y consultor en educación.

@juliandezubiria