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La situación judicial en Colombia se agudiza,
hasta el punto que los mismos funcionarios vinculados a este sector se
contradicen en conceptos y acciones respecto al proceder jurídico estatal.
Desde el mes de octubre cuando las directivas del sindicato Asonal decidieron
entrar en cese de actividades, internamente en ese gremio se venía cocinando
una disidencia que con la profundización del paro, se tornó externa causando
división entre los mismos sindicalistas.

Hace unos días se escuchó a Nelson Cantillo, directivo  disidente, mencionar que por motivos de
festividades navideñas se haría un “cese de actividades huelguista”, que
volverían a las oficinas por estas dos semanas y saldrían a vacaciones tal cual
lo dictamina el calendario laboral judicial desde el 19 de diciembre hasta el
11 de enero.

Esto deja entrever que intereses particulares
están por encima del objeto principal, que es mejorar las condiciones de
atención y descongestionamiento de la rama judicial en el país. Es una lástima
que profesionales en este medio pierdan la cordura y aprovechen la coyuntura
para exigir exabruptos, mal visto por el resto de profesionales y ciudadanos.

No se puede perder de vista que una persona se
gasta cinco años para obtener el título profesional académico, en este caso el
de abogado, el ingeniero, economista, zootecnista, administrador en fin, otros,
invierten el mismo tiempo, con la diferencia que los últimos en un 70% ganan la
mitad de lo que actualmente devenga un juez de Circuito o fiscal de la
República.

Uno de los argumentos es el alto riesgo de
ejercer la profesión del derecho; pues en este violento país circundado por las
mafias y la corrupción, la mayoría de profesiones son susceptibles de riesgo,
desafortunadamente casi en todos los casos son de manejo interno y no
trascienden a la visualización de la población en general. Alcaldes,
funcionarios y concejales de sexta categoría, directivos de las acciones
comunales, líderes sindicales, dirigentes indígenas entre otros, son de mayor
vulnerabilidad que los mismos abogados, con la diferencia que sus honorarios o
salarios no son coherentes a sus funciones o servicio a la sociedad.

Un juez de la República además de la
asignación laboral, también goza de otras ‘bondades’ que empleados de otras
entidades del Estado jamás las han tenido: Prima especial de servicios,
bonificación actividad judicial, bonificación por servicios, prima de
servicios, prima de vacaciones, prima de navidad, cesantías y otros servicios
autorizados por la Ley, Decreto1251 del 2009, para una suma total aproximada de
110 millones de pesos anual; cifra envidiable y añorada por la mayoría de
funcionarios estatales de la patria que no alcanzan a colocarse ni la mitad de
lo que se ‘meten al bolsillo’ los señores de la Judicatura nacional.

Pese a estas bonificaciones, los profesionales
del derecho y administrativos afines, continúan exigiendo un compromiso que
hace unos años un gobierno se comprometiera 
a mejorar sus condiciones laborales, pacto que hasta el momento
supuestamente no se ha tenido en cuenta, razón para haber formalizado un paro
que para el análisis de la ciudadanía colombiana no tiene asidero, por el
contrario, es abusar de la envestidura de juez en medio de esta descomposición
social, donde a diario deben estar impartiendo justicia, evitando la
acumulación de demandas y sentencias.

El pasado seis de noviembre el gobierno
nacional y trabajadores judiciales llegaron a un acuerdo que trata de un
estudio contratado por el Consejo Superior de la Judicatura que dice que la
suma aprobada (1.5 billones de pesos) es suficiente para la nivelación, de
igual manera, desde el mismo instante se ordenó levantar el paro y normalizar
actividades.

Solo que ahora un sector del sindicato, en
cabeza del señor Cantillo insiste que la suma acordada es insuficiente y que,
por lo tanto ellos mantendrán activa la huelga. Según los cálculos de los que
continúan en cese de labores, manifiestan que son más de 3 billones los
necesarios.

Es una vergüenza nacional, mientras que cada
día por vencimientos de términos salen libres cientos de presos a continuar
delinquiendo y agravando la problemática social, unos pocos descarados insistan
en mantenerse desobedientes, forjando mal ejemplo.

Y como si fuera poco, ahora salen a los medios
de comunicación y sin escrúpulo alguno expresan que harán una ‘tregua en el
paro’, volverán a sus oficinas por dos semanas y luego se irán de vacaciones.
Obviamente que la iniciativa se soporta exclusivamente en no afectar sus primas
de navidad y otras arandelas más. Después del once se espera que sigan en
huelga. Esto solo pasa en Colombia,… ridículo más grande no se ha podido ver.
Una colombianada más.

Domingo, diciembre 09 de 2012

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