La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresa su preocupación por la situación persistente de violencia en el departamento de Nariño, donde en los primeros seis meses del año hubo cuatro masacres, en las que murieron 12 hombres y una mujer, y tres personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas. También el desplazamiento forzado y el confinamiento han afectado gravemente a la población.

“Ante la violencia que enfrentan las comunidades en Nariño, provocada por los grupos armados no estatales, es indispensable que se implementen, por parte de las autoridades, estrategias de protección de la vida de las personas defensoras y de las comunidades, al igual que acciones de prevención de la violencia. El Estado debe asegurar su presencia integral y el goce de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, especialmente para la población indígena, campesina y afrodescendiente”, dijo Juliette De Rivero, Representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

En lo que va del año 2023, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos recibió información sobre graves hechos de violencia en el Piedemonte Costero, que afectan principalmente a las comunidades del Pueblo indígena Awá.

Dadas las afectaciones al Pueblo indígena Awa, que se suman al riesgo de exterminio físico y cultural, Juliette De Rivero recomendó que “se reactive con urgencia la Mesa de Concertación para el Pueblo Awá, la MCAWA, y se implementen las medidas ya concertadas para su protección y pervivencia”.

La Oficina ha documentado también, durante estos primeros seis meses del año, que por el accionar de los grupos armados no estatales, los Pueblos Awá, Eperara Siapidara y afrodescendientes sufren graves afectaciones a la caza, a la pesca, a la recolección de alimentos, a los rituales espirituales en sitios sagrados, y a la educación de niñas, niños y adolescentes, que por la ocupación de sus escuelas, por parte de grupos armados no estatales, no pueden estudiar.

El viernes 23 de junio, la Oficina de ONU Derechos Humanos recibió de nuevo información sobre la muerte de una persona Awá y varias que resultaron heridas por causa de una mina antipersonal. La comunidad, que sufre por la instalación de estas minas y por otros crímenes graves, decidió bloquear la vía Pasto-Tumaco, en busca de respuesta institucional en materia de protección y atención humanitaria.

La Oficina de ONU Derechos Humanos ha recibido información sobre desplazamiento forzado, confinamiento, reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, violencia sexual, ocupación y destrucción de bienes civiles y/o instalación de minas en por lo menos el 37% de los municipios del Nariño.

Durante el año 2023, más de 16.400 personas en Nariño han sido desplazadas o confinadas por enfrentamientos entre grupos armados no estatales, especialmente población afrodescendiente e indígena del Pueblo Awá y del Pueblo Eperara Siapidara, según cifras de la Defensora del Pueblo y de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). A pesar de los esfuerzos de la institucionalidad para dar respuesta a estas crisis humanitarias, se presentan demoras y falta de atención a las víctimas.

La Oficina además recibió información, por parte de los Comités municipales de Justicia Transicional, sobre el desplazamiento 337 personas del Resguardo Indígena Ñambí Piedra Verde, en Barbacoas, de las comunidades Guanapi Mongón, San Francisco, Limón, Piedra Verde, Tronco y Cerro, desde el 4 de mayo de 2023; más de 824 personas del Resguardo Integrado La Milagrosa de Ricaurte de los Cabildos de Isipú, Esperanza – Palenquero y Cuascuabí Panulbi, a partir del 29 de mayo; más de 3000 personas de los resguardos Magüí, Vegas, Chaguí Chimbusa fueron desplazadas al corregimiento de Altaquer, Barbacoas, esta última cifra según la Defensoría del Pueblo.

Fuente: ONU Derechos Humanos
Foto: El Espectador