Desde Nod

Por Alejandro García Gómez.

pakahuay@gmail.com

A escándalo nacional se ha elevado otra vez el
“consumo”, situación suficientemente denunciada y conocida, así para algunos
analistas y periodistas resulte incomprensible. Nos acostumbramos a que todos,
aun los poderes del Estado, nos bamboleemos al unísono del vaivén de la última
barahúnda. Ahora el caso es el del colegio Marco Fidel Suárez del sur de
Bogotá, donde ocurrió una intoxicación masiva por cloroformo, según Medicina
Legal, con una víctima mortal, Isaac Sánchez de 14 años.

La revista Semana.com (12.VIII.15) publicó la
carta de alguien que se señala como docente de ese colegio. La misiva es de
excelente redacción en su estilo y en su fondo. Esto indicaría que no es
cualquiera el denunciante y daría señales no sólo de su preparación sino de su
integralidad como ser humano, me atrevo a decir. La carta resume casi toda la
problemática sobre el tema para ese y para casi todos los colegios públicos
colombianos de las ciudades. “En el MFS hay muchos más estudiantes que venden
drogas”, señala una de sus sentencias que también ha venido siendo una tragedia
conocida y denunciada por numerosos docentes de los colegios públicos a lo largo
y ancho del país. Hace mucho, desde mis tiempos de docente activo de educación
media, esta columna también la señaló. Sobre el caso en comento, la justicia
encontrará o no  responsabilidad para sus
los docentes y directivos docentes. La investigación dará su última palabra, y
ojalá sea pronta, efectiva y justa. Pero es innegable que, en el país, existe
una ambientación intra y extra escolar que puede provocar situaciones peores,
si no se le atiende y corrige con prontitud y efectividad, por parte del Estado.
Estamos frente a una cada vez más acelerada descomposición del sistema
educativo en su parte más significativa para una sociedad: la formación
integral de los educandos, que a su vez obedece a varios factores, tratados en
anteriores artículos acá. Y a la mineducación Parody lo único que parece que le
interesa es mostrar el mejoramiento de inconsistentes índices, acordes con la
Ocde, con el fin de hacer méritos para llegar al cargo de alcaldesa bogotana y
ganar así la presidencia de la república. Del desgreño de su ministerio frente
a la alimentación pagada por el Estado, pasamos a ésta que sólo es otra punta del mismo iceberg: el consumo de
estupefacientes de los escolares, dentro y fuera de los establecimientos, que
sí tiene una explicación histórica y que la hemos señalado.

Una de ellas es la condición en la que dejó a
la educación pública el Acto Legislativo 01 de 2001, en la presidencia de
Andrés Pastrana y su minhacienda JM Santos. Cuando la Corte Constitucional lo
declaró inexequible, fue el ministro JM Santos quien elevó un recurso de
súplica como consecuencia del cual lo falló exequible. Su oculta finalidad era
permitir que se cumplieran los mandatos del FMI en relación con los servicios
del Estado a la sociedad. Aprobada la petición, se tramitó y promulgó la Ley
715/01, que entró a saco a desfinanciar la educación colombiana y se convirtió
en la herramienta que hacinó a los escolares y a sus profes en tareas y
tiempos, en escuelas y colegios. Se complementó con el infame decreto 230/01
sobre la evaluación escolar: el 95% de un salón debía ser promovido, así no
cumpliera los requisitos. Coincidió todo con la reforma al Código del Menor. En
columnas anteriores he explicado la manipulación que las mafias y guerrillas
han hecho de los menores con este código. Y dizque no hay explicación. Pero
esto no es todo. Agreguemos la flexibilización laboral que promulgó el primer
gobierno de Álvaro Uribe con la falsa promesa de atacar el desempleo, cosa que
como era obvio no lo consiguió pero sí logró desbaratar aún más las familias al
extender –por decreto- las horas de luz del día (hasta las 10 de la noche –que
tampoco consiguió, claro-), anulando el encuentro de los hijos con ambos
padres. Y esto no es todo. La hidra tiene más cabezas. Pero es más fácil rasgarse
las vestiduras. 20.VIII.15

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