La Contraloría General de la República, a través de la Delegada para Población Focalizada, evidenció hallazgos fiscales por $70.570 millones en la gestión del Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pazcífico, correspondientes a la vigencia 2019–2024.

Según el informe de la auditoría de cumplimiento, el ente de control identificó gastos administrativos desproporcionados en la ejecución del proyecto orientado a mejorar la cobertura y calidad del servicio de suministro de agua y saneamiento básico en los municipios de Tumaco, Nariño y Guapi, Cauca.

La Contraloría reportó un hallazgo con incidencia fiscal y disciplinaria por $20.530 millones, al evidenciar que, pese a la alta ejecución presupuestal en gastos administrativos, los resultados fueron deficientes frente a la baja ejecución de la inversión, incumpliendo los términos establecidos en el CONPES 3847 del 3 de noviembre de 2015 y en el contrato de empréstito BIRF 8649-CO del Banco Mundial.

Asimismo, se encontraron fallas asociadas a gastos administrativos excesivos en proyectos de conectividad regional, relacionados con la ejecución de obras de muelles, malecones y señalización; el mejoramiento de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento; y el fortalecimiento institucional de operadores de transporte por vías navegables y prestadores de servicios de agua y saneamiento.

El ente de control evidenció un gasto excesivo, injustificado y desproporcionado frente a lo pactado contractualmente que, a 31 de diciembre de 2024, constituye un presunto detrimento al patrimonio del Estado por $9.840 millones.

Entre los 21 hallazgos identificados, se destaca un detrimento patrimonial por $13.972 millones en el contrato No. 57833-PTSP-044-2021, que contemplaba la construcción y operación de sistemas aislados de generación de energía solar fotovoltaica en comunidades del municipio de Bojayá, Chocó.

Este contrato, suscrito en 2021 a través del Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pazcífico, hacía parte del subprograma de energización rural sostenible. No obstante, cuatro años después de su firma y con el plazo contractual vencido, el proyecto no fue ejecutado en su totalidad.

La Contraloría evidenció la inoperancia de los sistemas fotovoltaicos, la ausencia de equipos de telemetría, la reducción injustificada del número de beneficiarios y la falta de aplicación de sanciones y garantías. A la fecha, ninguno de los sistemas se encuentra completamente instalado ni puede ser entregado a un operador, debido al vencimiento del contrato.

De manera general, el informe concluye que existieron debilidades en la etapa de planeación, las cuales derivaron en fallas en la fijación de los valores contractuales, replanteamiento de obras, pagos sin contraprestación, vencimiento de plazos sin ejecución completa, gastos administrativos desproporcionados y disminución del alcance y cobertura de los proyectos.

Adicionalmente, se evidenciaron falencias en la interventoría y supervisión, que derivaron en pagos de obras no ejecutadas, reconocimientos por valores superiores a los realmente ejecutados, incumplimientos contractuales y deficiencias en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, sin que los proyectos generaran beneficios reales a las comunidades.

Fuente y foto: Contraloría General de la República