Foto: CIMA

Tomado de
www.elespectador.com


Dos municipios realizarán procesos
de consulta popular sin el respaldo de la entidad electoral y como protesta
contra el fallo que limitó el mecanismo.

Este domingo, en San Lorenzo
(Nariño) se efectuarán votaciones que no tienen antecedentes en Colombia. Habrá
tarjetones, mesas de votación y jurados. El conteo de los votos será vigilado
por la Misión de Observación Electoral (MOE), las Personerías municipales, la
Defensoría del Pueblo y las universidades de Nariño, Javeriana y Nacional. Lo
que hace especial a estas votaciones, en las que el municipio votará a favor o
en contra de la minería en su territorio, es que la Registraduría no puso un
solo peso para realizarla.

En ese sentido, la consultas popular
de este domingo no es legal, pero, dice el municipio, es algo mucho más
importante: legítima. Jader Gaviria, alcalde de San Lorenzo, dice que la
iniciativa es una respuesta a los múltiples obstáculos que desde el Gobierno
central le han puesto a su municipio para llevar a cabo su consulta, que fue
aprobada el 13 de octubre de 2017.

Tal como denunció El Espectador en
mayo, el municipio definió que el 17 de diciembre del año pasado los
sanlorenzanos irían a las urnas para votar a favor o en contra de la
explotación minera en su municipio, el segundo productor de café de Nariño.
Pero cuatro días antes llegó una carta de la Registraduría en la que les decían
que no había presupuesto. Cuando Jader Gaviria y su equipo legal empezaron a
indagar, la Registraduría les dijo que el Ministerio de Hacienda no les había
girado los recursos, bajo el argumento de que eran los municipios quienes
debían autofinanciarse. Se enteraron de que otros 11 municipios tenían el mismo
problema. (Freno financiero a las consultas populares)

Apelaron a todas las instancias.
Propusieron formalmente asumir los costos de la jornada electoral, pero la
Registraduría les respondió que para esos procesos solo le podían recibir
dinero al Ministerio de Hacienda. Con todos los caminos cerrados, las
comunidades y organizaciones sociales del municipio decidieron ir a las urnas
con el apoyo de la administración municipal, con o sin el aval del Gobierno
central.

“Decidimos llevar a cabo la consulta
popular de hecho, porque creemos que el pueblo de San Lorenzo tiene derecho a
manifestarse sobre el modelo de desarrollo del municipio”, dijo el alcalde.

Subiendo por la cordillera
Occidental, los habitantes del municipio de Mercaderes vivían la misma incertidumbre.
Un campesino del municipio que prefirió no dar su nombre comenta que allá la
situación es crítica: en 2013, el río Sambingo, al oriente del municipio, se
convirtió en el primero de Colombia en desaparecer por la minería ilegal, que
sigue amarrada a los ríos de Mercaderes. La Coordinadora Integral Social
Mercadereña, como se llama la organización campesina que lidera la consulta,
empezó a investigar los planes mineros para el municipio y se enteró de que el
57 % del territorio es susceptible de ser concesionado. El municipio ya ha
visto llegar en tres ocasiones a ingenieros para hacer exploración sísmica
cerca del cerro La Campana, en donde nacen cuatro ríos.

Con la consulta aprobada, pero
frenados por financiación, los líderes de ambos municipios decidieron unirse y
aunque inicialmente habían decidido salir a las urnas el mismo día, pero por
motivos externos, los planes en Mercaderes cambiaron. “Si ellos lo que quieren
es obstaculizar este mecanismo de participación, pues nosotros tomamos esta
decisión histórica y sui generis”, explica Rober Elio Rodríguez, uno de los
líderes del movimiento en Mercaderes y miembro de la junta de gobierno
campesino del Territorio Campesino Agroalimentario del Macizo Norte de Nariño y
sur del Cauca (TCAM), al que también pertenece San Lorenzo.

En Mercaderes, la decisión sui
generis implica construir, en comunidad, los mandatos para gestionar el agua
del municipio. El próximo dos de diciembre, la cabecera municipal será el
escenario para la primera caravana por el agua de Mercaderes. Entre enero y
marzo, las caravanas irán a por lo menos 10 de las veredas del municipio, y,
ahí sí, los campesinos participarán en conversatorios sobre el agua, y votarán
diez mandatos populares que, de aprobarse, llevarán hasta el Concejo municipal
y la Alcaldía para que san introucidos como política pública.

En ambos municipios, la campaña para
que las personas salgan a votar en la consulta (o a participar en la caravana)
ha sido masiva. En San Lorenzo, explica el alcalde Gaviria, la Alcaldía no puso
un peso. “Todo se organizó con aportes de las comunidades y organizaciones
sociales dentro y fuera del municipio”, cuenta. Algo similar ocurrió en
Mercaderes, donde a punta de voluntad las organizaciones campesinas
recolectaron los $15 millones que cuesta hacer los conversatorios para sus
12.000 habitantes.

En los dos lugares, los comités
organizadores han tocado todas las puertas buscando apoyo. “Las iglesia, las
organizaciones campesinas, los gremios finqueros, paneleros y cafeteros, el
sector comercial y el sector salud” se han involucrado, cuenta Gaviria. Todos
han aportado: carros para transportar jurados y mesas, dinero para las
impresiones, voces para las cuñas en las emisoras comunitarias.

Pero hay un gremio que ha sido
central en el proceso: los profesores. En ambos municipios decidieron usar la
oportunidad para enseñarles a los niños y adolescentes cómo funciona la
democracia. En los colegios de todas las veredas se organizaron jornadas de
votación como preparación para el próximo domingo, en las que las
organizaciones docentes asumirán el papel de jurados de votación. Debido a que
Mercaderes no realizará la consulta este domingo, los integrantes de la
Coordinadora Integral Social Mercadereña también prestarán apoyo en San Lorenzo
en su jornada electoral.

“La idea es mandarle un mensaje al
Gobierno Nacional de nuestra posición frente a este tema. Es mejor que ellos,
el Gobierno y las multinacionales, entiendan que en nuestro territorio no deben
entrar, porque la voluntad del pueblo es otra”, explica Gaviria.

¿La octava papeleta?

Los líderes campesinos de ambos
municipios le contaron a El Espectador que su intención es, una vez tengan los
resultados de las consultas en la mano, pedirles a los concejos municipales que
mediante actos administrativos prohíban la minería en los municipios. No
obstante, de acuerdo con Helena Durán, investigadora de Dejusticia, es
imposible que estos mandatos tengan algún efecto legal, teniendo en cuenta el
reciente fallo de la Corte Constitucional que prohibió a las consultas frenar
proyectos de explotación petrolera y minera. “La postura es que los municipios
no pueden vetar este tipo de actividades, y eso también terminaría aplicando a
los acuerdos que se expidan con ese fin”, explica Durán.

Aun así, la investigadora enfatiza
que estas expresiones comunitarias son la prueba de que las comunidades siguen
optando por las vías democráticas para ser escuchadas y que exigen una voz. Una
voz que, dice, no ha sido escuchada a la hora de diseñar la política
minero-energética nacional. Sin otras opciones democráticas, las comunidades
recurren a la consulta popular como única opción para participar.