Por: Iván Antonio Jurado Cortés

iajurado@yahoo.com

Un adagio bastante trajinado en el argot
popular: “la justicia se hizo para los de ruana”, es una letanía que
desafortunadamente se aplica al pie de la letra en esta patria colombiana.
Según encuestas realizadas por centros especializados y diferentes medios de
comunicación, expresan con claridad que el 75% de la ciudadanía no cree en el
sistema de justicia nacional,  más cuando
los conceptos judiciales se definen en medio de intereses políticos o
económicos.

En la carta constitucional de 1991, que al
inicio proyectaba ser una constitución ajustada a las necesidades del pueblo
oprimido, no faltaron los famosos ‘micos’ que con el paso del tiempo se
convirtieron en gorilas imposible de controlar, como la privatización de la
salud, educación, latifundización de la tierra y por supuesto la flexibilidad de la justicia.

De esa fecha hacia acá son varias las reformas
que los gobiernos y Congreso de la República han hecho al sistema de justicia,
siendo resaltables la creación de la fiscalía, formalización e independización
de la procuraduría y contraloría general, entre otras formas de controlar y
aplicar justicia de manera transparente y en derecho.

La estructura judicial en Colombia debió ser
creada acorde a las necesidades demandadas por la cultura y acciones antisociales
propias del país, no podría ser copiada de otros países como a veces parece
ser. El Estado colombiano  para su manejo
administrativo y político se ha divido en tres poderes: ejecutivo, legislativo
y judicial, razón suficiente para entender que esta última sea dirigida con
gran responsabilidad, profesionalismo y ética en beneficio de la sociedad. Al
considerarse una de las tres partes de las que conforman el Estado,
automáticamente se convierte en una institución determinante para el desarrollo
o atraso de la nación.

Es demasiado ridículo, que después de treinta
y cinco reformas a la carta constitucional, entre ellas un gran porcentaje
relacionado directamente al sistema judicial, el ‘Honorable Congreso de la
República’ no haya considerado un delito tan diciente como el de conducir un
vehículo en estado de embriaguez.

Sin embargo, después de tanta ‘justicia en
papel’, aún no existe claridad de una decisión jurídica que defina si al fin
‘manejar borracho’ o atropellar a una persona en estas condiciones
desequilibradas, sea delito o solo un simple accidente.

La gota que lleno la paciencia de la dignidad
nacional fue al trágico suceso acaecido en días pasados en Bogotá, donde
perdieron la vida dos jóvenes y otra persona quedó gravemente herida, consecuencia
de un conductor embriagado que irresponsablemente transitaba sin la mínima
prevención por calles del distrito capital, y que finalmente, este señor
después de semejante tragedia, una juez lo ponga en libertad desde el primer
día de los hechos.

Fabio Andrés Salamanca es hoy en día el punto
de discusión entre los organismos de justicia: fiscalía, jueces y procuraduría,
ninguno demuestra argumentos técnicos judiciales para proceder en consecuencia
de aplicar justicia a satisfacción. Lo único que queda claro es el grado de
improvisación de estas instituciones al momento de tomar determinaciones en la
vía del derecho.

Mientras una persona humilde es condenada a
siete años por hurtarse un dulce de un supermercado, otras de estrato seis
cometen delitos, y ni siquiera tiene prisión domiciliaria, más bien son
enviadas a las clínicas por estrés o impacto psicológico.

Con esto queda demostrado que los famosos
‘parlamentarios’ han perdido su tiempo en cuanto a la reestructuración del
modus operandi de la justicia colombiana. En el último lustro en tres
oportunidades se han presentado proyectos de ley ante el ente legislador sobre
este polémico tema, pero todos han sido archivados por falta de quórum o
desaprobados en primer debate, sin ningún interés por parte de los ‘padres de
la patria’.

Hoy en día cuando el pueblo colombiano
completamente indignado, exige justicia sobre este caso y los cientos de
accidentes de este tipo a diario en el país, el ejecutivo y las fachadas de
justicia salen al paso manifestando que se harán las reformas pertinentes para
castigar a los infractores.

La verdad, no se observa un camino despejado
para cumplirle a la ingente solicitud que hace la sociedad en combatir y poner
en su sitio a estos ‘asesinos en potencia’, como son las personas que
irresponsablemente conducen en estado agudo de embriaguez… impotencia se siente
al observar constantemente la pérdida de cientos de vidas humanas, mientras que
la justicia se confina en actos burocráticos y las leyes reposan en decorados anaqueles,
exclusivamente para consultas jurídicas de estudiantes de abogacía, más no son
efectivas en la realidad. Domingo, agosto 04 de 2013