El Gobierno Nacional presentó ante el Congreso de la República el proyecto denominado «Ley de Rescate Fiscal», una iniciativa calificada por analistas como una «ley ómnibus» que combina un severo plan de austeridad con una profunda modificación del sistema tributario. Justificada por el equipo económico gubernamental bajo el argumento de atajar un déficit fiscal calamitoso heredado de la administración anterior —donde los recaudos mensuales rondan los 15 billones de pesos frente a gastos de 40 billones—, la propuesta ha abierto un intenso debate sobre su viabilidad y equidad social.

La aritmética oficial cuestionada: La columna de Daniel Coronell

En su columna titulada «Aplaudan a este gobierno», el periodista Daniel Coronell sostiene que el proyecto está construido más sobre la propaganda que sobre la aritmética real. Frente a las afirmaciones de la Vicepresidencia que aseguran que 7 de cada 10 pesos del ajuste provendrán de la reducción del gasto público, el examen detallado del articulado demuestra que los recortes efectivos solo alcanzarán los 16,7 billones de pesos en 2028. En términos reales, esto representa menos de 2,12 pesos por cada 10 pesos de ajuste, una cifra que no llega ni a la cuarta parte de la meta publicitada.

El análisis de Coronell pone en evidencia que el verdadero peso del ajuste recae sobre la clase media asalariada y los trabajadores independientes:

• Creación de nuevos tramos de renta: Se establece una tarifa del 9% para personas con ingresos superiores a poco más de dos salarios mínimos mensuales (aproximadamente 4 millones de pesos).
• Recorte de exenciones y beneficios: El límite superior para la renta exenta del 25% baja de 41 a 33 millones de pesos al año, eliminando además la deducción mensual por dependientes (314.244 pesos), aunque manteniendo una deducción general del 10%.
• Aumento en cotizaciones de salud: Los asalariados que ganen más de dos salarios mínimos verán incrementada su tarifa del 4% a un rango de entre el 5% y el 15,5%. Por su parte, los independientes pasarán del 12,5% actual a tarifas de entre el 13% y el 15,5%.
• Gravamen a la canasta familiar: Productos de consumo diario como café, azúcar, aceite, pastas, tomate y cebolla pasan de estar exentos o gravados al 5% a pagar una tarifa general del 19% de IVA. Aunque alimentos crudos como carne, pollo, leche, huevos y arroz conservan la exención, los embutidos mantienen de forma paradójica la tarifa preferencial del 5%. Coronell destaca que el 55% de la producción de carnes frías pertenece a Nutresa (del grupo Gilinski), empresa que tuvo utilidades netas por 1,2 billones de pesos.

Adicionalmente, el columnista enfatiza la inoperancia práctica de la devolución del IVA para los sectores vulnerables. La medida, reencauchada de formulaciones del exministro Alberto Carrasquilla, ignora que las familias de menores ingresos compran al fiado o en tiendas de barrio y plazas de mercado donde no existe la factura electrónica, lo que les impedirá recuperar el impuesto pagado. En contraste, el proyecto otorga alivios significativos a las altas rentas: la tarifa de renta corporativa bajará del 35% al 33% en 2027 y al 31% en 2028 (costando 12 billones anuales al fisco), mientras que el régimen RUGE (Régimen Único para Garantizar la Estabilidad Empresarial) fija una tarifa especial del 20% en renta y del 8% a dividendos para megainversiones superiores a 426.000 millones de pesos.

La mirada técnica y política de Juan Camilo Restrepo

Por su parte, el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo coincide en que el proyecto resulta marcadamente regresivo. Explica que la iniciativa se apoya en la premisa canónica de la OCDE de bajar impuestos a las empresas y subirlos a las personas naturales. Sin embargo, advierte que esa fórmula se aplica en Europa junto a una red de seguridad social robusta, de la cual carece Colombia, dejando a la clase media desprotegida.

Restrepo subraya los principales hallazgos y vacíos del proyecto en tres frentes estructurales:

1. El plan de austeridad o «motosierra criolla»: La ley busca reducir el tamaño del Estado en un 15%, recortando en 20% los gastos de nómina, restringiendo la contratación de servicios y solicitando facultades extraordinarias por seis meses para suprimir entidades públicas. No obstante, cuestiona si es factible lograr un recorte del déficit por 42 billones de pesos en 2027, algo sin antecedentes en la historia fiscal del país.
2. El escollo legal de los impuestos de período: Restrepo revela una trampa de calendario decisiva. Según el ordenamiento constitucional, las normas del impuesto de renta (impuestos de período) solo entran a regir en el año subsiguiente al de su aprobación. Faltando apenas seis semanas de legislatura (que concluye el 16 de diciembre), si la ley no queda promulgada antes del 31 de diciembre, la reforma de renta solo se aplicará a partir de 2028. Únicamente los ajustes al IVA podrían regir de inmediato el 1 de enero, abriendo una grieta monumental en las cuentas del Gobierno.
3. La gobernabilidad y el papel del Ministerio del Interior: El exministro augura un trámite «feroz» en el Congreso y predice que el texto saldrá fuertemente «trasquilado». Además, califica como un grave error político la designación de Alejandro Ordóñez al frente del Ministerio del Interior, señalando que su perfil dogmático y falta de flexibilidad dificultarán la construcción de los consensos necesarios para aprobar facultades extraordinarias que exigen mayorías calificadas.

Conclusión: Las lecciones del ajuste fiscal

Para el ciudadano común, el exministro Restrepo resume el momento económico en tres lecciones claras: no se puede continuar gastando por encima de los ingresos sin caer al precipicio; la tributación debe ser progresiva y equitativa sin golpear a la clase media; y los gobernantes necesitan asesores que les digan la verdad en lugar de lisonjearlos. Como recordatorio final, apela a la histórica placa de Simón Bolívar en el Palacio de San Carlos —«Le sirve mejor al mandatario quien le dice la verdad que quien lo lisonjea»— para señalar que el futuro fiscal de Colombia requerirá menos altisonancia discursiva y una profunda dosis de realismo en la concertación parlamentaria.

Investigación realizada por Gemini Notebook