Las preguntas:

1. Reducción del salario de
congresistas y altos funcionarios del Estado:

Pretende reducir el salario de los
congresistas de 40 salarios mínimos legales vigentes a 25. Aunque algunos
juristas alegan la inconstitucionalidad de esta pregunta, otros coinciden que
en caso de aprobarse esto serviría para presionar al Ejecutivo con el fin de
que se disminuyan los salarios de altos dignatarios del Estado.

2. Sin casa por cárcel para corruptos
y prohibirles volver a contratar con el Estado:

Busca que quienes sean hallados como
culpables de delitos asociados a la corrupción no puedan acceder al beneficio
de casa por cárcel ni puedan celebrar nuevos contratos con el Estado.
Actualmente los únicos que no pueden pedir casa por cárcel son quienes cometen
delitos contra menores de edad.

3. Contratación transparente
obligatoria en todo el país:

Se busca obligar a las entidades del
Estado a adoptar los llamados pliegos tipo en la contratación pública.
Actualmente es obligatorio para la contratación de obras públicas, pero esto
haría que se aplicara a todos los demás contratos del Estado.

4. Presupuestos públicos con
participación de la ciudadanía:

Se plantean audiencias en las que
“la ciudadanía y los corporados decidan el desglose y la priorización del
presupuesto”. El debate en torno a esta pregunta está en el uso de la palabra
“decisión”, pues actualmente no es posible que se decidan temas presupuestales
a partir de consultas.

5. Congresistas deberán rendir
cuentas de su asistencia, votación y gestión:

El parágrafo 2 del artículo 14 de la
Ley 1147 obliga a los congresistas a rendir cuentas sobre sus funciones
legislativas (debates adelantados, proyectos de los cuales fueron autores y
ponentes). Sin embargo, esta pregunta busca que además sea obligatorio
presentar su declaración de renta y sus respectivas actualizaciones.

6. Hacer públicas las propiedades e
ingresos injustificados de políticos elegidos y extinción de dominio:

La pregunta busca que para
posesionarse, los elegidos hagan público sus bienes y conflictos de interés,
entre otros; que se les investigue penalmente de oficio cuando haya lugar y sus
bienes se puedan extinguir.

7. Máximo tres períodos en
corporaciones públicas:

La Constitución actual no prohíbe la
reelección de los congresistas ni señala un periodo máximo para los cargos en
corporaciones públicas. Sin embargo, algunos abogados plantean que esta, al
igual que la primera pregunta, no podría decidirse en una consulta popular,
pero sí podría ser una presión para el ejecutivo.

Foto: El Tiempo

Los mitos alrededor de la consulta

–Reposición de votos:

La directora de la Misión de
Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, dijo que “no hay devolución de
recursos, no hay anticipos, ni reposición de votos. No es cierto que le vayan a
dar dinero a alguna organización política. Los movimientos que promueven la
consulta anticorrupción lo hacen sin ningún origen de recursos del Estado”.

–Reducción del salario mínimo:

La consulta no reducirá el salario
mínimo. Este se define a través de una consulta popular si no a través de una
concentración cada año entre el Gobierno Nacional, empresarios y trabajadores.
Si no hay concertación, el Gobierno lo hace por decreto.

Los comités en la campaña

Según el Consejo Nacional Electoral
(CNE), se inscribieron 34 comités promotores para la consulta. De esos 33 van
por el ‘Sí’, no hubo inscritos por el ‘no’ y uno por la abstención.

Por el ‘Sí’ van comités de
Barrancabermeja (Santander), Cali (Valle), Tocancipa (Cundinamarca),
Barranquilla (Atlántico), Medellín (Antioquia), Popayán (Cauca), Apartadó
(Antioquia), Villamaría (Caldas), Malambo (Atlántico), Manizales (Caldas), Valledupar
(Cesar), Espinal (Tolima), Bogotá, Funza (Cundinamarca), Usiacuri, Bucaramanga
(Santander), Piedecuesta (Santander), La Dorada (Caldas), Anserma (Caldas) y
Pitalino (Huila).

Por la abstención solo está un
comité en Yopal, Casanare, denominado ‘Unidos por la verdad constitucional’.

¿Por qué vale tanto hacer una
consulta?

La consulta costará 310.479 millones
de pesos. El costo será 30.000 millones más que para el plebiscito del 2016 y
270 mil millones más que la consulta del partido liberal de noviembre de 2017.

Según el abogado de la Universidad
Libre Diego Murillo, “el pliego de esta consulta es mucho más grande que la de
otras consultas” y esta sería una de las razones para justificar el elevado
costo.

Según anunció en junio el
registrador nacional Juan Carlos Galindo, la realización de esta consulta
“equivale a algo más complejo que una elección presidencial porque son siete
preguntas que tienen que contarse y verificarse, con el fin de que cumpla las
condiciones legales en cada caso”.

¿Qué son los umbrales?

En este caso se tendrán en cuenta
dos umbrales distintos. Por un lado está el de participación. Es decir, la
cantidad de votos que se necesitan para que la consulta sea válida.

En este caso, se exige que se
alcance la tercera parte del censo electoral, lo que corresponde a más de 12
millones de votos depositados en las urnas. Cada persona significa un voto,
independientemente de qué opción haya marcado y por cuántas preguntas haya
votado.

El segundo umbral es el de
aprobación. En este no se tienen en cuenta los votos anulados ni los no
marcados. Para que cada pregunta sea aprobada, al menos la mitad más uno de los
votos deben ser positivos.

Es decir, es probable que una vez
superado el umbral de participación, se aprueben unas preguntas y otras no.

¿Inconstitucional?

El debate en torno a la
constitucionalidad o no de algunas de las preguntas de la consulta está basado
en que a través de un mecanismo de votación popular no es posible modificar la
Constitución Política y según algunos expertos esta iniciativa buscaría cambiar
cosas estipuladas en la carta.

Según Jefferson Dueñas, un
demandante de la primera pregunta, la Consulta iría en contra a lo que se
estipula en la Ley 134 de 1994 “que prohíbe realizar consultas populares sobre
temas que impliquen modificar la Constitución Política, en este caso el
artículo 187” y se refiere al salario de los congresistas.

El exmagistrado de la Corte
Constitucional José Gregorio Hernández añade a este argumento que la primera
pregunta, por ejemplo, necesariamente implicaría una reforma constitucional que
debería hacerse a través de un acto legislativo en el Congreso, un referendo o
una Asamblea Constituyente.

Claudia López, una de las promotoras
de la iniciativa, dijo que “la clase política y los corruptos están
cruzando los dedos para que no logremos los 12 millones de votos que obliguen
al Congreso a hacer las Leyes que cumplan los 7 mandatos de la consulta
anticorrupción”.

Fuente: El Tiempo