“Hoy empieza una nueva forma de
hacer política en el manejo legislativo, donde los partidos se pueden poner de
acuerdo con el Gobierno y convertir la lucha contra la corrupción en un
propósito de todos”, declaró el Jefe del Estado luego de radicar las propuestas
legislativas en la Secretaría del Senado.

El Presidente dijo que la mesa
técnica, creada a partir de la Consulta Anticorrupción del 26 de agosto, “le
cumple a Colombia presentando un paquete de proyectos de lucha contra la
corrupción que complementan el paquete que había sido presentado por el
Gobierno Nacional y también el que ha sido presentado por los organismos de
control”.

Llamó la atención en el sentido de
que esa mesa “debe seguir siendo viable y permanente” para concertar otras
reformas que el país necesita como la reforma a la justicia.

El Presidente reiteró que este
resultado demuestra el compromiso del Gobierno Nacional y los partidos
políticos de derrotar la corrupción.

“Cuando el país se une en torno a
propósitos comunes, se construye y se construyen soluciones”, aseveró.

Proyectos de ley presentados hoy

1. Por medio del cual se incentiva
la transparencia y la participación de los ciudadanos en las decisiones que los
afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación
y del orden territorial.

Al explicar el contenido de este
proyecto, el Jefe de Estado explicó que así “se fortalecen los presupuestos
participativos en materia de inversión para que el país pueda deliberar a plena
luz del día sobre la orientación de las partidas y la forma en la que están
priorizadas con respecto al desarrollo regional”.

2. Por medio de cual se establecen
mecanismos de rendición de cuentas y transparencia de la gestión de los
congresistas, diputados, concejales e integrantes de las Juntas Administradoras
Locales.

3. Por medio del cual se busca
garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia, participación y
control social, mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y
el registro de los conflictos de interés de altos servidores públicos.

Sobre este punto indicó que se ya ha
“avanzado en términos de transparencia en hacer públicas las declaraciones de
renta y de bienes que además ya han sido presentadas en un proyecto para
elevarlos al rango deber constitucional”.

4. Por medio del cual se modifica
parcialmente la Ley 5 y se dictan otras disposiciones.

5. Por el cual se establece tope
para el salario de los congresistas – servidores públicos del estado.

6. Por el cual se establece un tope
de salarios de congresistas y altos funcionarios del estado.

7. Por medio del cual se regulan las
inhabilidades para los condenados por corrupción y delitos contra la
administración pública así como la terminación unilateral administrativa del
contrato por actos de corrupción y se dictan otras disposiciones.

8. Por medio del cual se fortalecen
las reglas para la persecución penal efectiva y el reintegro de bienes por
parte de procesados y condenados por corrupción y delitos contra la
administración pública y se dictan otras disposiciones.

Durante su declaración el Mandatario
subrayó que “se están aumentando las sanciones efectivas y también están
persiguiendo los patrimonios de los corruptos de manera efectiva”.

Afirmó que el Gobierno Nacional y
los partidos políticos trabajarán para que los proyectos sean aprobados en el
Congreso antes de finalizar este año.

El Jefe del Estado estuvo acompañado
por la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, la ministra Justicia,
Gloría María Borrero, el procurador general, Fernando Carrillo, el contralor
general, Carlos Córdoba, y representantes de los partidos políticos y
promotores de la Consulta Popular Anticorrupción.

Los proyectos ya presentados

Las iniciativas anticorrupción
puestas a consideración del Congreso de la República el 8 de agosto incluyen
empoderar a la ciudadanía para que denuncie a los corruptos, endurecer las
penas y negar la casa por cárcel a los corruptos, la obligación de presentar
declaración de bienes y activos por parte de los funcionarios públicos, que los
delitos por corrupción no prescriban y que las empresas involucradas con
corrupción no puedan contratar con el Estado, entre otros aspectos.

También está el Proyecto de Ley 117
de 2018, radicado por el Mandatario y el Procurador General el 28 de agosto,
por el cual se adoptan medidas para promover la probidad administrativa,
combatir la corrupción, establecer la responsabilidad penal de las personas
jurídicas y fortalecer el Ministerio Público, entre otras disposiciones.

Igualmente, esa iniciativa plantea
ampliar la prescripción de la acción disciplinaria de 5 a 20 años para
sancionar las conductas de los funcionarios y servidores públicos. Así mismo,
prevé la instauración de la acción penal contra las personas jurídicas
involucradas en casos de corrupción y establece fuertes sanciones para éstas,
sus gestores y propietarios.

Entre dichas sanciones se destacan
la prohibición de volver a contratar con el Estado y la extinción del dominio
exprés contra quienes defraudan el patrimonio público.

Finalmente, el proyecto propone
fortalecer la denuncia ciudadana, brindando mecanismos de protección eficaces,
lo que permitirá que más ciudadanos cooperen con las autoridades para denunciar
a los corruptos.

Fuente: Presidencia de la República