Columna Desde Nod

Por Alejandro García Gómez

pakahuay@gmail

Comprensión de lectura en lengua materna, en
matemática y en ciencias naturales es siempre el tema de la prueba. La
Promoción Automática acostumbró a los escolares al no esfuerzo. Hoy, las
universidades se quejan de la incomprensión de lectura y del facilismo
estudiantil cristalizado en el “corte y pegue”, o plagio, de Internet:
“trabajos”, investigaciones y hasta tesis de grado. Resultado del 230/01
como  una de las causas.

Pero no es la última, la causa génesis, y una
columna de prensa es corta para el tema que hoy rasga las vestiduras de los
responsables, como cada tres años que se aplica. Hay quienes vuelven a culpar a
los maestros o, aun, a la mala alimentación de las madres gestantes. Planteemos
una verdad innegable: la educación pública en Colombia jamás ha sido vista como
inversión sino como gasto, aun como desperdicio de recursos. Después del Frente
Nacional fue una concesión obligada de las clases dirigentes y los gobiernos a
las masas populares que habían hacinado sus ciudades. Mal que bien, así funcionaba
desde el pacto. Una educación pública cuestionada, pero menos que hoy.

Frente a la impagable deuda externa
latinoamericana, en 1989 el Consenso de Washington fijó su posición neoliberal
frente a los servicios públicos obligatorios de los estados para con sus
ciudadanos –salud, educación, etc.-. Se buscaba abaratar costos. En Colombia se
implementaron diferentes medidas. Como simple ejercicio, recordemos la Apertura
Educativa de César Gaviria. En el 2000, el FMI y el Banco Mundial le impusieron
al gobierno de Andrés Pastrana tramitar ante el Congreso el acto Legislativo
012, eufemísticamente llamado “De reforma a las transferencias”, que permitiría
a ese, y a los gobiernos posteriores, mermar la financiación de la educación
pública primaria y secundaria y dejarla con los mínimos, porque era
inconveniente, internacionalmente hablando, eliminarla de tajo. De este Acto
Legislativo de 2000, en 2001 nace la Ley 715, que además crea algunas
figuras-decreto para abaratar costos, como la llamada “Racionalización
educativa”, la cual por medio de un factor numérico fijaba el máximo de
docentes por institución, como el resultado de multiplicar aritméticamente el
número de grupos de un plantel educativo por el factor numérico 1.65 (cambiado
después por 1.5). Nunca se explicó de dónde y cómo se obtuvo este factor ni
cuáles fueron las razones de análisis estadístico ni el cambio. El factor fijó
en 45 estudiantes el número mínimo por aula, hasta 65 o más. Además atiborró de
horas de clase, grupos por atender, proyectos escolares y reuniones a los
docentes, eliminando su labor pedagógica de encuentro personal con ellos,
dentro y fuera de clase, por física falta tiempo.

Esta ley también buscó la
desprofesionalización docente: en adelante podría aspirar a la docencia cualquier
profesional diferente a graduado en educación. Es así como han ido llegando al
magisterio personas que lo buscan mientras escapan del desempleo, escampadero
del que se apartan inmediatamente lo consiguen llamativo. Algunos se quedan. De
éstos, hay quienes se desempeñan a satisfacción. Es corta esta columna para
continuar con el “análisis de resultados” de esta ley.

Algunos gobiernos locales o regionales hacen
esfuerzos aislados para mejorar la educación, la mayoría de los cuales se
proponen aumentar la cobertura, el mejoramiento cuantitativo para mostrar
cifras como producto. Mejorar la calidad es un proceso costoso, con resultados
visibles sólo a largo plazo y los intentos gubernamentales son escasos,
políticamente inconvenientes porque no dan votos. Quizá los lamentos y las
buenas las intenciones, cada tres años que se aplica la prueba, son  buen reemplazo.

El ministro de hacienda de Pastrana en el
2000, el que promovió el acto legislativo 012, que permitió el recorte
presupuestal con el nombre de “reforma a las transferencias”, se llamaba Juan
Manuel Santos. El 230 también es hijo de este acto legislativo. 12.XII.13