Hasta el
momento estaría derrotado el proyecto de ley que pretendía realizar un
referendo para que las personas solteras y las parejas del mismo sexo, pudieran
o no acceder a la adopción. El sustento fundamental era el bienestar integral
de los niñ@s y la preservación de la familia tradicionalmente concebida, pero
se hizo evidente en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el
sesgo religioso y político del proyecto que se pretendía presentar a un país,
que cada día se pronuncia a través de la institucionalidad, a favor de la
igualdad y la no discriminación.

No es rebatible
que los niñ@s merecen lo mejor y es responsabilidad de todos alcanzar tal
propósito; pero en medio de tantos criterios y opiniones como se han expuesto
alrededor de la temática, considero importante resaltar dos aspectos que en ocasiones
parecieran olvidarse: uno, que desde la constitución de 1.991, Colombia es un
Estado Social de Derecho y ello significa, que quienes lo gobiernan no son los
individuos, sino que se está bajo la directriz de las normas de ese mismo
Estado, en tanto que autoridades y ciudadanos estamos sujetos a ellas,
respetando sí los derechos particulares pero donde prevalecen los derechos
colectivos. 

Esta clase de Estado, debe propender por la integración de las
clases menos favorecidas, evitar la exclusión, la marginación, las
desigualdades e impedir los extremos de inequidad y/o injusticia. En
consecuencia, cualquier proyecto o propuesta, debe necesariamente ceñirse a la
constitución y la ley y no pretender la utilización de un mecanismo como el
referendo, para evadirlas.

Y el segundo,
es que la existencia en nuestro país de tantos niñ@s abandonados, es
consecuencia en primera instancia y en la inmensa mayoría de los casos, de la
irresponsabilidad de los padres y las madres de esos menores, muchos de los
cuales provienen incluso de uniones matrimoniales, incapaces unos y otros de
asumir sus compromisos ante los seres que traen al mundo sin garantizarles el
bienestar y la protección que se merecen.

Más importancia
entonces, que debatir quienes pueden o no adoptarlos, debería dársele a la
educación sexual responsable de l@s colombian@s, para reducir así el número de
menores que tristemente deben acudir a esta figura.