Visión de mujer
Por Elsy Melo Maya
elsy.ya@hotmail.com

Colombia salió a protestar y con sobrada razón, por la muerte sistemática de líderes sociales que continúa registrándose en todo el territorio nacional. Entre tanto el Instituto de Estudios para el desarrollo y la Paz, sostiene con cifras el recrudecimiento de dichos asesinatos de manera posterior a la firma de los acuerdos de paz, y la ONU advierte sobre la tendencia negativa de estos asesinatos selectivos en el 2018, el gobierno nacional por su parte, tiene otra lectura de estos hechos delictivos.

Se habla de que los mismos son la consecuencia de un ajuste de cuentas del narcotráfico y/o las economías ilegales; se pone de presente la reducción en un 35% de dichos asesinatos durante el actual gobierno y que de los 281 homicidios de líderes sociales ocurridos entre el año 2016 y mayo de 2019, tan solo 60 tuvieron ocurrencia durante el actual gobierno y que además, en el 96% del territorio nacional, este fenómeno no está ocurriendo, toda vez que los crímenes están concentrados en el 20% de la totalidad de los municipios. No obstante el Instituto Colombiano de Medicina Legal reporta desde su competencia, que los asesinatos ocurrieron en 28 de los 32 departamentos del país.

Esta podríamos decir que es la radiografía difusa y contradictoria de una realidad nacional y pese a que el señor Presidente, también se ha unido al rechazo y se ha solidarizado con cada protesta, lo cierto es que nuestros líderes continúan siendo amenazados y siguen cayendo frente a la mirada impotente de sus familiares que reclaman apoyo gubernamental.

Si bien la Fiscalía que trabaja con datos de la ONU, manifestó el pasado 19 de Julio que de los 292 casos reportados, se han esclarecido el 59,93% y se han capturado 256 personas, no obstante las familias afectadas exigen saber quiénes son los autores intelectuales de los crímenes, por considerar que detrás de los mismos existen intereses mucho más poderosos que los de unos simples delincuentes.

Cada víctima tiene una historia social en favor de la comunidad, tiene una vida, una familia. Entonces ante la muerte por tratar de construir tejido social y conducir sus propios destinos, ¿qué pasa con la vida de las familias que pierden a un padre, una madre, un hijo o a una hermana? ¿Qué pasa con las comunidades que trabajaban bajo esos liderazgos? Es el Estado el responsable de garantizar la vida y la seguridad de los colombianos y de ejercer justicia frente a estos delitos de lesa humanidad.

Julio 29 de 2019

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