Por Pablo Emilio Obando Acosta
peobando@gmai.com
Cuando no es la naturaleza o la geografía, el departamento de Nariño debe soportar con estoicismo el embiste de las comunidades campesinas o indígenas del Cauca que bloquean las vías y la economía de Nariño, afectando a gremios agrícolas, pecuarios, lecheros y productivos.
Ya es llover sobre mojado el enunciar cifras económicas, que fácilmente se escriben con B de billonarias, y que como un juego de cartas, arrastran y arrasan con microeconomías, pequeñas empresas y las pocas medianas que logran sobrevivir a los embates de una tradición equivocada de protesta, que se repite maquinalmente en las vías que unen a Nariño con el departamento del Cauca.
Lo que sí podemos, y eso ya es de urgencia vital, es solicitar la creación de un FONDO DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA que proteja y blinde a nuestros gremios productivos. Se debe generar responsabilidades económicas y fiscales a estas comunidades que con cualquier pretexto acuden a las vías de hecho, dejando a Nariño en una permanente zozobra empresarial.
Esas grandes pérdidas económicas, el cierre de empresas y el incremento de los índices de desempleo en nuestra región, no aguanta más. Las pérdidas son inconmensurables y los daños irreparables o de difícil recuperación. Gremios, entidades y organizaciones presentan informes que permiten entrever la gravedad de unas protestas que afectan el desarrollo de nuestra región.
Es indudable que la responsabilidad debe recaer sobre quienes generan esta problemática. El gobierno, el congreso y los ministerios correspondientes deben determinar estas afectaciones y compensarlas económicamente. Y esa compensación debe salir de los recursos que el Estado colombiano destina a esas mismas comunidades que se empeñan en bloquear nuestra economía en una permanente impunidad que no nos permite ser competitivos o crecer en materia empresarial y productiva y, por el contrario, cada vez son más los empresarios que anuncian quiebras inconmensurables.
Se hace necesario generar responsabilidades, proteger a regiones que, como Nariño sufren la inclemencia de estos exabruptos de unas protestas que lo único que generan es un estrés económico y financiero a lo largo y ancho de nuestra geografía. Debemos propender por el desarrollo de un marco jurídico y constitucional que frene estos desmanes.
Con un FONDO DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA se alcanzaría una tranquilidad y un bienestar empresarial y se pondría un estate quieto a estas comunidades que lejos de alcanzar una redención económica para la comunidad campesina o indígena con sus chantajes petitorios, lo único que consiguen es llevar hambre y pobreza a sus similares de otras regiones.
Lo lógico es que las pérdidas las paguen quienes las causen, que pongamos un punto final a esta inveterada costumbre de protestar en busca de una supuesta equidad social, arruinando la economía de sus vecinos, impidiendo el flujo normal de un comercio que se mueve entre las llantas del gremio transportador de Nariño
O ponemos punto final o nos condenamos a ciclos interminables de pobreza y miseria. Llegó el momento de protestar y reclamar de una manera inteligente, sin sitiar economías, sin secuestrar iniciativas empresariales, sin arruinar la iniciativa del campesino y del indígena que al otro lado de una tenue frontera geográfica sufre y padece los rigores de una malentendida justicia social.
Nuestros gobernantes y legisladores deben actuar y pensar distinto, dejar de llorar por la leche derramada y pensar en acudir a este tipo de iniciativas que buscan una justa y real compensación para nuestros empresarios y agremiaciones. Ya estamos cansados de escuchar cifras, de estudios y de índices de quiebra. Queremos una respuesta efectiva y amparada en la legalidad y la constitución.
No más gobernantes llorones, queremos dirigentes firmes y claros a la hora de exigir respeto para Nariño y su economía.
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