Visión de mujer

Por Elsy Melo
Maya

elsy.ya@hotmail.com

A través de la
Sentencia T-269 de 2015 la Corte Constitucional revivió la declaratoria de
desastre y dispuso ordenar una serie de actuaciones a entidades del orden
nacional, departamental y municipal, con el propósito de lograr el
reasentamiento de los diferentes grupos humanos que habitan la zona de Amenaza
Volcánica Alta del Volcán Galeras, en los municipios de Pasto, Nariño y La
Florida.

Por su parte el
Servicio Geológico Colombiano (SGC) hizo entrega dentro del término fijado, del
mapa de amenaza volcánica, pero los Señores Edgar Torres Palma, Juan Carlos
Mora y Jaime Ramos, interpusieron un incidente de desacato contra el SGC argumentando
aparente omisión en el análisis de los niveles de riesgo, condiciones de
vulnerabilidad y elementos expuestos; no haber contado con la participación de
la comunidad, entre otras consideraciones. Así mismo la señora Libia
Castellanos y Alirio Jiménez, presentaron otro incidente de desacato contra el
Gobernador de Nariño y otros, por el aparente incumplimiento de la misma
sentencia.

Lo cierto es
que el Señor Juez Promiscuo Municipal de La Florida por competencia, le imparte
el trámite correspondiente a cada incidente y se pronuncia manifestando que se verificó
probatoriamente el cumplimiento por parte del SGC encontrándose acreditada la
existencia de los estudios técnicos exigidos y el mapa actualizado de la amenaza
volcánica Galeras. En cuanto al Gobernador del Depto., es sancionado con multa
de 20 salarios mínimos legales vigentes, se le ordena adoptar mediante acto
administrativo el Plan Integral de Gestión del Riesgo del Volcán Galeras y
compulsa copias a la Fiscalía General de la Nación.

Teniendo en
cuenta la importancia del fenómeno, sobre todo para quienes habitan la zona de
amenaza volcánica alta en los municipios referidos, estos fallos son de
especial trascendencia en la medida en que disipa las dudas que pudieron
haberse propiciado como consecuencia de apreciaciones subjetivas sobre
supuestas irregularidades en la expedición del nuevo mapa y en la ausencia de
adopción por parte de la Gobernación del Plan integral, mismas que de alguna
forma inducían al error a las comunidades, al considerar que tal amenaza no era
real. No olvidemos que todos somos responsables de la gestión del riesgo en nuestro
territorio.

Abril 24 de 2017

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