Desde Nod
Por Alejandro García Gómez
pakahuay@gmail.com
Este gobierno, que se ha proclamado como el del Cambio, ha propuesto inaplazables temas para reforma, sobre la base de la discusión democrática, que se han venido cumpliendo unas veces más que otras. A un año de su inicio, ahora el turno es para la educación: la Ley Estatutaria, que empieza a ser debatida. Estoy plenamente seguro de que cualquier discusión sobre la Calidad de la Educación que deseamos los colombianos, debe comenzar por respondernos al tipo de ciudadano y de sociedad que pretendemos adoptar para nuestro país, por medio de la inversión pública (y, por qué no, de la privada). Las inmediateces políticas y politiqueras, pero siempre los intereses particulares de los grupos sociales con poder en sus manos, y con el deseo de perpetuarlo, han sido quienes usualmente se han encargado de crear los referentes sociales de la calidad educativa en la historia de la educación de nuestro país.
Como propuesta, espero que más democrática que las urgencias del inmediatismo político (y politiquero) y los intereses de los sectores dueños del poder, podemos partir del concepto de Necesidad Social: el servicio educativo es de calidad, si el mismo satisface las necesidades de formación y acceso al conocimiento de la sociedad en la que está inmerso y de la cual proviene cada educando.
Por tanto, la noción de Calidad de la Educación implica conocer “dónde estamos” y tener claro “dónde pretendemos llegar”. Es por esto que hay que definir unos criterios mínimos de acuerdo con los diagnósticos existentes (p. ej: documentos de todos los Conpes, las llamadas Conclusiones de los Sabios de hace unos años, estudios que han realizado muchas ONG y diferentes fundaciones, estudios y propuestas de Fecode, investigaciones universitarias anteriores y actuales, movimientos populares y estudiantiles e incluso del mismo Fondo Monetario Internacional -FMI- y otros que quizá no vislumbro) y todo enmarcado dentro de las fortalezas y debilidades de las leyes que nos rigen.
Establecer criterios y adoptar consensos mínimos para elaborar tácticas y estrategias con el fin de mejorar la calidad de la educación, o sea el gran debate a las leyes que nos rigen en su esencia y en este momento, pero con visión de futuro, es la tarea. Entre esas leyes, la 115/94, o la gran frustración, porque sólo se tomaron hilazas y retazos que no demandaran grandes erogaciones. Y luego la Ley 715/01, que nació después del gran debate a la solución monetarista de la educación, sólo para hablar de Educación “Preprimaria”, Primaria, Media y Secundaria, sin entrar en la Universitaria, que también requiere urgentes reformas y que en 2012 buscó las calles para poder expresar sus propuestas entre el descontento de la protesta.
Definir el fin de la educación es entrar en la definición de concepciones epistemológicas y estas obedecen a la filosofía conceptual acerca del mundo y del poder. Una de las propuestas, la de un grupo de intelectuales colombianos, plantea que las estrategias educativas deben apuntar a tres consensos educativos:
1.- Educar para la Libertad: o sea, acabar con métodos y contenidos dogmáticos, con el autoritarismo y la verticalidad en el desarrollo del conocimiento, sin descuidar el proceso de formación de una autodisciplina. La finalidad es formar sociedades autónomas, responsables y pluralistas.
2.- Educar para la Democracia: es educar para aprender a vivir en medio de la esencia de la vida en sociedad: el conflicto. Es aprender a resolverlo con respeto; a buscar la opción más adecuada a la comunidad, a la sociedad, arriesgándose a enfrentar los intereses de los grupos de poder.
3.- Educar para el trabajo con fines para el desarrollo: Es educar para el crecimiento integral: físico, intelectual, espiritual, cultural y económico. No fundamentar el éxito personal en la mera adquisición inmediatista de poder o de fama o fortuna (o todos juntos) sino en la satisfacción por buscar y conseguir la transformación de cada estudiante como persona libre democrática y transformadora, y de esta manera lograr también la transformación de los recursos materiales y energéticos con el aporte corporal, intelectual y espiritual de ellos y de todos nosotros, para la adquisición de beneficios que, al mismo tiempo que nos permitan vivir con dignidad y plenitud, aporten beneficio y mejoramiento a la calidad de vida de todos los miembros de nuestra comunidad o de la sociedad. Pongo sobre el tapete democrático estas reflexiones. 21.IX.23
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