Por Aníbal Arévalo Rosero
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La historia se repite. La persecución desatada en contra del presidente Petro ya tuvo su escenario en la Alcaldía de Bogotá (2012-2015), cuando fue sacado del cargo por el procurador Ordóñez, culpándolo por el mal manejo de los residuos sólidos que habían puesto en riesgo la salubridad de la ciudadanía de la capital. Petro interpuso recursos ante el tribunal Superior de Cundinamarca y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entes que concedieron medidas cautelares en favor de Petro. No obstante, lo anterior, la decisión del Tribunal fue revocada por el Consejo de Estado y la decisión de la Comisión rechazada por el Presidente de la República, quien ejecutó la destitución nombrando a Rafael Pardo como alcalde encargado.
No obstante, el Tribunal Superior de Cundinamarca ordenó al presidente de la República acatar las medidas cautelares proferidas por la CIDH, por lo cual Petro fue restituido al cargo tras treinta y cinco días de destitución. La razón es que un procurador no tiene fuero para destituir a un servidor público que ha sido elegido por la voluntad popular.
La persecución de ese momento la ejercía el procurador Alejandro Ordóñez, un personaje que se pasaba por la faja la Constitución Política de Colombia, introyectando prácticas religiosas a los asuntos públicos; además de una visión retardataria y de gran arraigo conservador. Ordóñez era benefactor del uribismo, que en su paso por 16 años de gobierno ha causado grandes perjuicios a la población colombiana, como los 6.402 casos de falsos positivos que segó la vida de gente humilde que la hicieron pasar como miembros de las guerrillas.
Ahora la persecución la ejerce otro personaje del mismo partido político, quien abusa de su poder en el cargo del ente investigador para hacer actuaciones políticas, dando vía libre a la corrupción, el narcotráfico y el crimen. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, emplea su investidura para hacer campaña política para llegar a la presidencia. Es por ello, que fue a hacer lobby a los Estados Unidos para que se reconozca a la vicefiscal Martha Macera como fiscal encargada ante la dilación que vine haciendo la Corte Suprema de Justicia de nombrar a la fiscal titular de una terna de tres mujeres muy bien preparadas para ocupar ese cargo.
La dilación se viene haciendo desde el mes de noviembre del año pasado por ausencia de algunos magistrados. La interinidad de Martha Macera implica que sea el mismo Francisco Barbosa continúe ejerciendo el cargo, evitando, de esta manera, ser investigado por el enriquecimiento ilícito y el de grandes caudales de dinero en cuentas bancarias en el exterior; por el encubrimiento de capos, traficantes, corruptos e impunidad en favor de cooperantes de su partido, como el caso del ‘Ñeñe’ Hernández, un capo que contribuyó con aportes económicos para la elección de Iván Duque como presidente, y cuyos recursos del narcotráfico fueron declarados como legales. Se suma a ello los casos de candidatos presidenciales que recibieron coimas de Odebrech.
Pero, en cambio, en el caso de Gustavo Petro, la Fiscalía ha considerado que la donación de 500 millones de pesos aportados por Fecode son ilegales, porque presuntamente sobrepasan los topes de la campaña o no fueron ingresados. Pero la verdad, la donación se hizo al partido Colombia Humana y no a la campaña de Petro Presidente; lo que es muy diferente y no tiene ilegalidad.
La encerrona que le están haciendo a Petro no tiene compasión: buscaron hacerle boicot en las principales reformas que son la bandera de su gobierno y que generan muchísimos beneficios a la población colombiana, como es el caso de la salud que está siendo saqueada por los empresarios de las EPS, o las pensiones o la laboral. Todas con un perfil en favor de los empleados de la base social.
El histrionismo también proviene de las altas Cortes: Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Nacional Electoral. Todas se encargan de emitir fallos en contra de los decretos emitidos por la Presidencia de la República. Con ello se está ocasionando un golpe blando, para no permitirle al presidente gobernar, y hacerle creer a la gente que el gobierno es malo.
Pero lo que está haciendo el fiscal general de la Nación es una vil manipulación de la Corte Suprema de Justicia, según el propio presidente, a cambio de favores. Es decir, yo te colaboro, tú me colaboras o la puerta giratoria. Las estadísticas mencionan que la Fiscalía tiene un 94 por ciento de impunidad. ¡Qué tal esto!
La institucionalidad del Estado busca dar un golpe a un presidente elegido legítimamente por la voluntad popular con más de once millones de votos, la más grande votación de la historia. Desde la Fiscalía se está incitando a los generales a desobedecer la autoridad constitucional del Presidente. Los medios de comunicación mienten para mantener como idiota al pueblo ignorante.
Es urgente salir a las calles a defender la democracia. Tenemos que salir a defender al único presidente alternativo de Colombia en doscientos años. Primera vez que un presidente trabaja en beneficio del pueblo. Los demás lo hicieron en favor de la institucionalidad y las pocas familias dueñas de los partidos, las embajadas, los altos cargos y las pensiones. Recuerda: “Los que tienen las más altas pensiones quieren pensiones bajas para ti.”
