El Gobierno
Nacional y las Farc llegaron a un acuerdo final, integral y definitivo sobre la
totalidad de los puntos de la agenda del acuerdo general para la terminación
del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en Colombia.

Este es el
texto del Comunicado conjunto No. 93 expedido este miércoles en la tarde en la
Habana, Cuba.

Comunicado
Conjunto # 93

La Habana, Cuba, 24 de agosto de 2016

Las
delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC-EP anunciamos que hemos
llegado a un Acuerdo Final, integral y definitivo, sobre la totalidad de los
puntos de la Agenda del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia.

PREÁMBULO

Recordando que
los diálogos de La Habana entre delegados y delegadas del Gobierno Nacional,
presidido por el Presidente Juan Manuel Santos y delegados y delegadas de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, con la
decisión mutua de poner fin al conflicto armado nacional, tuvieron origen como
resultado del Encuentro Exploratorio sucedido en la capital de la República de
Cuba entre el día 23 de febrero y el día 26 de agosto de 2012;

Teniendo
presente que como resultado de los diálogos exploratorios referidos se produjo
un Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una
Paz Estable y Duradera, firmado en la fecha última citada ante testigos
nacionales y ante delegados de la República de Cuba y del Reino de Noruega que
sirvieron igualmente como testigos, y que, desde entonces, asienten el proceso
como países garantes;

Poniendo de
presente que la República Bolivariana de Venezuela y la República de Chile se han
aprestado en todo momento a sus buenos oficios como países acompañantes;

Recordando que
en desarrollo de la agenda aprobada en el Acuerdo en mención se dio inicio a la
Mesa de Conversaciones el día 18 de octubre de 2012 en la ciudad de Oslo,
capital del Reino de Noruega, para luego continuar en la capital cubana sin
solución de continuidad hasta el día de hoy que se firma el Acuerdo Final para
la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera;

Subrayando que
el Acuerdo Final que se suscribe en la fecha corresponde a la libre
manifestación de la voluntad del Gobierno Nacional y de las FARC-EP, al haber
obrado de buena fe y con la plena intención de cumplir lo acordado;

Teniendo
presente que el Artículo 22 de la Constitución Política de la República de
Colombia impone la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento;
que el Artículo 95 afirma que  la calidad
de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional por lo que
es deber de todos engrandecerla y dignificarla; que el ejercicio de los
derechos y libertades reconocidos en la Constitución implica responsabilidades,
entre ellas, propender al logro y mantenimiento de la paz;

Subrayando que
la paz ha venido siendo calificada universalmente como un derecho humano, y
requisito necesario para el ejercicio de todos los demás derechos y deberes de
las personas y la ciudadanía;

Poniendo de
presente que el Acuerdo Final recoge todos y cada uno de los acuerdos
alcanzados sobre la Agenda del Acuerdo General suscrito en La Habana en agosto
de 2012; y que para alcanzarlo el Gobierno Nacional y las FARC-EP siempre y en
cada momento nos ceñimos al espíritu y respeto de la Constitución Nacional, de
los principios del Derecho Internacional, del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario (Convenios y
Protocolos), de lo mandado por el Estatuto de Roma (Derecho Internacional
Penal), de los fallos proferidos por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos relativos a los conflictos y su terminación, y demás sentencias de
competencias reconocidas universalmente y pronunciamientos de autoridad
relativos a los temas suscritos;

Recordando que
el Artículo 94 manifiesta que “la enunciación de los derechos y garantías
contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no
debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona
humana, no figuren expresamente en ellos”, que los tratados sobre derechos
humanos, aprobados por el Congreso, y que no pueden ser suspendidos ni siquiera
durante los estados de excepción, prevalecen en el orden interno;

Poniendo en
consideración que la suma de los acuerdos que conforman el Acuerdo Final contribuyen
a la satisfacción de derechos fundamentales como son los derechos políticos,
sociales, económicos y culturales, y los derechos de las víctimas del conflicto
a la verdad, la justicia  y la
reparación, el derecho de los niños, niñas y adolescentes, el derecho
fundamental de la seguridad jurídica individual o colectiva y la seguridad
física, y el derecho fundamental de cada individuo en particular y de la
sociedad sin distingos en general, a la no repetición de la tragedia del
conflicto armado interno que con el presente Acuerdo se propone superar;

Subrayando que
el Acuerdo Final presta especial atención a los derechos fundamentales de las
mujeres, los de los grupos sociales vulnerables como son los pueblos indígenas,
las niñas, niños y adolescentes, las comunidades afrodescendientes y otros
grupos étnicamente diferenciados; los derechos fundamentales de los campesinos
y campesinas, los derechos esenciales  de
las personas en condición de discapacidad y de los desplazados por razones del
conflicto; los derechos fundamentales de las personas adultas mayores y de la
población LGBTI;

Considerando
que a juicio del Gobierno Nacional las transformaciones que conlleva la
implementación del presente Acuerdo deben contribuir a reversar los efectos del
conflicto y a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la
violencia en el territorio; y que a juicio de las FARC-EP dichas
transformaciones deben contribuir a solucionar las causas históricas del
conflicto, como la cuestión no resuelta de la propiedad sobre la tierra y
particularmente su concentración, la exclusión del campesinado y el atraso de
las comunidades rurales, que afecta especialmente a las mujeres, niñas y niños.

Valorando y
exaltando que el eje central de la paz es impulsar la presencia y la acción
eficaz del Estado en todo el territorio nacional, en especial en múltiples
regiones doblegadas hoy por el abandono, por la carencia de una función pública
eficaz, y por los efectos del mismo conflicto armado interno; que es meta esencial
de la reconciliación nacional la construcción de un nuevo paradigma de
desarrollo y bienestar territorial para beneficio de amplios sectores de la
población hasta ahora víctima de la exclusión y la desesperanza;

Reconociendo
los derechos de la sociedad a una seguridad humana integral con participación
de las autoridades civiles;

Exaltando y
consagrando la justicia prospectiva en tanto reconoce derechos fundamentales
esenciales para las nuevas y futuras generaciones como son el derecho a una
tierra preservada, el derecho a la preservación de la especie humana, el
derecho a conocer sus orígenes y su identidad, el derecho a la exención de
responsabilidades por las acciones cometidas por las generaciones precedentes,
el derecho a la preservación de la libertad de opción, y otros derechos, sin
perjuicio de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la
reparación;

Recordando que
el pasado 23 de junio del año en curso, las Delegaciones del Gobierno Nacional
y de las FARC-EP suscribieron en la capital cubana los acuerdos de Cese al
Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas y
Garantías de Seguridad, en presencia del Presidente de los Consejos de Estado y
de Ministros de la República de Cuba, del Secretario General de Naciones
Unidas, del Presidente de la Asamblea General de la ONU, del Presidente del
Consejo de Seguridad de la misma organización, del Ministro de Relaciones
Exteriores del Reino de Noruega, de los Jefes de Estado de los países
acompañantes,  de Jefes de Gobierno de
países de la región, del Enviado Especial de los Estados Unidos de América y
del Representante Especial de la Unión Europea;

Aceptando que
las normas de derecho internacional consuetudinario continuarán rigiendo las
cuestiones relacionadas con derechos fundamentales no mencionados en el Acuerdo
Final, incluyendo el mandato imperativo que ordena que “en los casos no
previstos por el derecho vigente, la persona humana queda bajo la salvaguardia
de los principios de humanidad y de la exigencias de la conciencia pública”;

Reconociendo el
mandato constitucional que afirma que corresponde al Presidente de la República
como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa
convenir y ratificar acuerdos de paz;

El Gobierno de
la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia-Ejército del Pueblo, hemos acordado:

Suscribir el
presente Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de
una Paz Estable y Duradera, cuya ejecución pondrá fin de manera definitiva a un
conflicto armado de más de cincuenta años y que a continuación se consigna.

El presente
Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz
estable y duradera se suscribe por el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP), como Acuerdo
Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de
1949.

El Gobierno
Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo
(FARC-EP), firman siete originales incluidos sus anexos, uno para cada una de
las partes, uno para cada uno de los países garantes y uno para cada uno de los
países acompañantes. El séptimo ejemplar original se depositará inmediatamente
tras su firma, ante el Consejo Federal Suizo en Berna o ante el organismo que
lo sustituya en el futuro como depositario de las Convenciones de Ginebra.

INTRODUCCIÓN

Luego de un
enfrentamiento de más de medio siglo de duración, el Gobierno Nacional y las
FARC-EP hemos acordado poner fin de manera definitiva al conflicto armado
interno.

La terminación
de la confrontación armada significará, en primer lugar, el fin del enorme
sufrimiento que ha causado el conflicto. Son millones los colombianos y
colombianas víctimas de desplazamiento forzado, cientos de miles los muertos,
decenas de miles los desaparecidos de toda índole, sin olvidar el amplio número
de poblaciones que han sido afectadas de una u otra manera a lo largo y ancho
del territorio, incluyendo mujeres, niños, niñas y adolescentes, comunidades
campesinas, indígenas, afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales y rom,
partidos políticos, movimientos sociales y sindicales, gremios económicos,
entre otros. No queremos que haya una víctima más en Colombia.

En segundo
lugar, el fin del conflicto supondrá la apertura de un nuevo capítulo de
nuestra historia. Se trata de dar inicio a una fase de transición que
contribuya a una mayor integración de nuestros territorios, una mayor inclusión
social -en especial de quienes han vivido al margen del desarrollo y han
padecido el conflicto- y a fortalecer nuestra democracia para que se despliegue
en todo el territorio nacional y asegure que los conflictos sociales se
tramiten por las vías institucionales, con plenas garantías para quienes
participen en política.

Se trata de
construir una paz estable y duradera, con la participación de todos los
colombianos y colombianas. Con ese propósito, el de poner fin de una vez y para
siempre a los ciclos históricos de violencia y sentar las bases de la paz,
acordamos los puntos de la Agenda del Acuerdo General de agosto de 2012, que
desarrolla el presente Acuerdo.

El Acuerdo está
compuesto de una serie de acuerdos, que sin embargo constituyen un todo
indisoluble, porque están permeados por un mismo enfoque de derechos, para que
las medidas aquí acordadas contribuyan a la materialización de los derechos
constitucionales de los colombianos; por un mismo enfoque diferencial y de
género, para asegurar que la implementación 
se haga teniendo en cuenta la diversidad de género, étnica y cultural, y
que se adopten medidas para las poblaciones y los colectivos más humildes y más
vulnerables,  en especial los niños y las
niñas, las mujeres, las personas en condición de discapacidad y las víctimas; y
en especial por un mismo enfoque territorial.

El enfoque
territorial del Acuerdo supone reconocer y tener en cuenta las necesidades,
características y particularidades económicas, culturales y sociales de los
territorios y las comunidades, garantizando la sostenibilidad socio-ambiental;
y procurar implementar las diferentes medidas de manera integral y coordinada,
con la participación activa de la ciudadanía. La implementación se hará desde
las regiones y territorios y con la participación de las autoridades
territoriales y los diferentes sectores de la sociedad.

La
participación ciudadana es el fundamento de todos los acuerdos que constituyen
el Acuerdo Final. Participación en general de la sociedad en la construcción de
la paz y participación en particular en la planeación, la ejecución y el
seguimiento a los planes y programas en los territorios, que es además una
garantía de transparencia.

Además, la
participación y el diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad
contribuyen a la construcción de confianza y a la promoción de una cultura de
tolerancia, respeto y convivencia en general, que es un objetivo de todos los
acuerdos. Décadas de conflicto han abierto brechas de desconfianza al interior
de la sociedad, en especial en los territorios más afectados por el conflicto.
Para romper esas barreras se requiere abrir espacios para la participación
ciudadana más variada y espacios que promuevan el reconocimiento de las
víctimas, el reconocimiento y establecimiento de responsabilidades, y en
general, el reconocimiento por parte de toda la sociedad de lo ocurrido y de la
necesidad de aprovechar la oportunidad de la paz.

Por lo
anterior, el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, con el ánimo de consolidar aún
más las bases sobre las que edificará la paz y la reconciliación nacional, una
vez realizado el plebiscito, convocarán a todos los partidos, movimientos
políticos y sociales, y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran
ACUERDO POLÍTICO NACIONAL encaminado a definir las reformas y ajustes
institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande, poniendo
en marcha un nuevo marco de convivencia política y social.

*

El Acuerdo
Final contiene los siguientes puntos, con sus correspondientes acuerdos, que
pretenden contribuir a las transformaciones necesarias para sentar las bases de
una paz estable y duradera.

El Punto 1
contiene el acuerdo “Reforma Rural Integral”, que contribuirá a la
transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la
ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural.
La “Reforma Rural Integral” debe integrar las regiones, contribuir a erradicar
la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos
de la ciudadanía.

El Punto 2
contiene el acuerdo “Participación política: Apertura democrática para
construir la paz”. La construcción y consolidación de la paz, en el marco del
fin del conflicto, requiere de una ampliación democrática que permita que
surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la
deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y, de esa manera,
fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes
visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la
participación y la inclusión política.

En especial, la
implementación del Acuerdo Final contribuirá a la ampliación y profundización
de la democracia en cuanto implicará la dejación de las armas y la proscripción
de la violencia como método de acción política para todas y todos los
colombianos a fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia,
con garantías plenas para quienes participen en política, y de esa manera
abrirá nuevos espacios para la participación.

El Punto 3
contiene el acuerdo “Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y
la Dejación de las Armas”, que tiene como objetivo la terminación definitiva de
las acciones ofensivas entre la Fuerza Pública y las FARC-EP, y en general de
las hostilidades y cualquier acción prevista en las reglas que rigen el Cese,
incluyendo la afectación a la población, y de esa manera crear las condiciones
para el inicio de la implementación del Acuerdo Final y la dejación de las
armas y preparar la institucionalidad y al país para la reincorporación de las
FARC-EP a la vida civil.

Contiene
también el acuerdo “Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil –en lo
económico, lo social y lo político- de acuerdo con sus intereses”. Sentar las
bases para la construcción de una paz estable y duradera requiere de la
reincorporación efectiva de las FARC-EP a la vida social, económica y política
del país. La reincorporación ratifica el compromiso de las FARC-EP de cerrar el
capítulo del conflicto interno, convertirse en actor válido dentro de la
democracia y contribuir decididamente a la consolidación de la convivencia
pacífica, a la no repetición y a transformar las condiciones que han facilitado
la persistencia de la violencia en el territorio.

El Punto 3
también incluye el acuerdo sobre “Garantías de seguridad y lucha contra las
organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan
contra defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o
movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido
denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la
persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los
acuerdos y la construcción de la paz”. Para cumplir con este fin, el acuerdo
incluye medidas como el Pacto Político Nacional; la Comisión Nacional de
Garantías de Seguridad; la Unidad Especial de Investigación; el Cuerpo Élite en
la Policía Nacional; el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la
Política; el Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y
Organizaciones en los Territorios; y las Medidas de Prevención y Lucha contra
la Corrupción.

El Punto 4
contiene el acuerdo “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”. Para
construir la paz es necesario encontrar una solución definitiva al problema de
las drogas ilícitas, incluyendo los cultivos de uso ilícito y la producción y
comercialización de drogas ilícitas. Para lo cual se promueve una nueva visión
que dé un tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno del consumo, al
problema de los cultivos de uso ilícito, y a la criminalidad organizada
asociada al narcotráfico, asegurando un enfoque general de derechos humanos y
salud pública, diferenciado y de género.

El Punto 5
contiene el acuerdo “Víctimas”. Desde el Encuentro Exploratorio de 2012,
acordamos que el resarcimiento de las víctimas debería estar en el centro de
cualquier acuerdo. El acuerdo crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia,
Reparación y No Repetición, que contribuye a la lucha contra la impunidad
combinando mecanismos judiciales que permiten la investigación y sanción de las
graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho
Internacional Humanitario, con mecanismos extrajudiciales complementarios que
contribuyan al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, la búsqueda de los
seres queridos desaparecidos y la reparación del daño causado a personas, a
colectivos y a territorios enteros.

El Sistema
Integral está compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad,
la Convivencia y la No Repetición; la Unidad Especial para la Búsqueda de
Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto
armado; la Jurisdicción Especial para la Paz; las Medidas de reparación
integral para la construcción de la paz; y las Garantías de No Repetición.

El Punto 6
contiene el acuerdo “ Mecanismos de implementación y verificación” en el que se
crea una “Comisión de implementación, seguimiento y verificación del Acuerdo
Final de Paz y de resolución de diferencias”, integrada por  representantes del Gobierno Nacional y de las
FARC-EP con el fin, entre otros, de hacer seguimiento a los componentes del
Acuerdo y verificar su cumplimiento, servir de instancia para la resolución de
diferencias, y el impulso y seguimiento a la implementación legislativa.

Adicionalmente
crea un mecanismo de acompañamiento para que la comunidad internacional
contribuya de distintas maneras a garantizar 
la implementación del Acuerdo Final y en materia de verificación se pone
en marcha un modelo con un componente internacional integrado por los países
que durante el proceso han tenido el papel de garantes y acompañantes y dos
vocerías internacionales, todo ello soportado en la capacidad técnica del
Proyecto del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la
Universidad de Notre Dame de los Estados Unidos.