Y ahora ¿quién responde?

Visión de mujer

Por Elsy Melo Maya

elsy.ya@hotmail.com

¡Qué alegría, que emoción… se levantó la minga! Claro que todos celebramos la terminación de una protesta, pero también estoy segura que todos los afectados, unos más que otros, y con sobrada razón, estarán preguntándose quien les va a responder por las pérdidas ocasionadas por cuenta de las vías de hecho impuestas de manera arbitraria y sin ninguna consideración para con el resto de mortales, que también habitamos esta misma tierra, solo que no tenemos la connotación de catalogarnos como indígenas.

Pareciera que por cuenta de nuestra amada Constitución incluyente y que ampara un Estado Social de Derecho, hay quienes siguen creyendo que pueden hacer lo que se les ocurra según su sentir y real saber, sin tener en cuenta los derechos del resto de las personas. Tal vez ésta haya sido la razón por la cual y por primera vez, muchos “civiles” como son llamados por los indígenas, se pronunciaran contra las organizaciones responsables de la minga, también por las vías de hecho y de manera violenta, pero además, sacando a la luz pública situaciones que de pronto no muchos conocían, como los recursos que estas comunidades reciben, su papel dentro de la cadena productiva y alimenticia de los colombianos además de la evidente falta de respeto por la salud, el trabajo y el bienestar de los demás.

Y es que parece fácil decir que ya terminó la minga y todos felices. No es así. Por un lado, queda un pésimo precedente y millonarias pérdidas y por el otro, la molestia de los 27 días sometidos a las carencias propias de un departamento que cuenta con un solo corredor vial, con elevados costos en el transporte aéreo y un puerto marítimo inoperante, gracias al parecer, a las rivalidades entre los mismos nariñenses. Lo único y tristemente rescatable, es que una vez más se puso en evidencia la fragilidad de nuestro departamento para afrontar esta clase de situaciones. Basta el taponamiento de una sola vía, para que quedemos sin el suministro del combustible que mueve nuestra economía, sin medicamentos, sin materiales para el sector constructor que brinda empleo a cientos de nariñenses, sin la posibilidad de sacar los productos de la región, ni las bodegas apropiadas para su almacenamiento, entre otros tantos problemas que cada familia y cada municipio debió afrontar por cuenta de las vías de hecho asumidas.

La protesta se respeta, pero también los derechos de los demás. Y esto debe ser una constante observada por todos los colombianos, indistintamente de la condición social, étnica, cultural o política. Actuar en contrario, es pasar al campo de la ilegalidad y el delito, que debe ser sancionado con las mismas normas que utilizamos para amparar, cuando nos conviene, el derecho a protestar.

Abril 8 de 2019

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